El gobierno de la Generalitat aprobó el pasado diciembre un decreto de medidas sobre vivienda para cubrir la falta de alquileres sociales y de viviendas de protección oficial. El pasado mes el sector inmobiliario salió a criticar los cambios donde el decreto busca fomentar la vivienda de protección social. En este artículo analizamos por que el sector inmobiliario no está de acuerdo con el decreto que blinda el alquiler social.
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Cual es el origen del decreto
El decreto ha sido negociado por el Govern junto al partido socialista y los comunes. Contiene reconocimientos a las peticiones de algunas entidades sociales, como por ejemplo la obligación a grandes empresas –bancos y fondos de inversión– de ofrecer un alquiler social de siete años de duración a las personas en situación de vulnerabilidad social que hayan ocupado un piso desde hace más de seis meses. El decreto, muestra su apoyo también hacia los promotores privados, que pedían actualizar las tarifas para hacer más sencilla la construcción de vivienda de protección social.
También se amplían las reservas de suelo para la construcción de vivienda social mediante el planeamiento urbanístico, y se simplifican las tarifas, entre otras iniciativas
El decreto 17/2019, aprobado por el Govern a finales del año pasado, pasó ya por la convalidación del Parlament. Las entidades principales del sector inmobiliario expresaron su rechazo a la nueva normativa. El decreto busca dar respuesta a la problemática del acceso a la vivienda con una serie de medidas urgentes que pretenden blindar el alquiler social.
¿Que opina el sector inmobiliario del decreto?
Los agentes inmobiliarios (API), la Asociación de Promotores de Cataluña, la Cámara de Propiedad Urbana de Barcelona y el Colegio de Administradores de Fincas piden recuperar la “seguridad jurídica” han mandando un comunicado conjunto expresando su rechazo a la nueva normativa.
El sector inmobiliario considera que el decreto “dificulta a la clase media el acceso a la vivienda” al eliminar la tipología de vivienda a precio concertado. Lo consideran una herramienta de la protección oficial y el mercado libre.
“Lejos de solucionar el problema, provocarán un efecto contrario, puesto que por un lado se paralizará la actividad del sector y, por el otro, añadirá todavía más presión sobre los precios a causa del desequilibrio que generará entre la oferta y la demanda”, lamentan los representantes del sector.
El decreto ya está en marcha
El camino hacia conseguir sacar adelante este decreto que ya se intentó poner en marcha el pasado abril. En esa ocasión, el contexto electoral ha ayudado a sacarlo adelante. Se ha asegurado para ello los apoyos al prepararlo en colaboración con las entidades sociales, los promotores y, sobre todo, con los grupos parlamentarios que lo han sacado adelante.
«El decreto actúa en tres grandes bloques: combatir las situaciones de emergencia residencial, aumentar el número de viviendas protegidas en régimen de alquiler, y contribuir a la moderación de los precios del alquiler en las viviendas privadas», explicó Calvet en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno.
Los partidos políticos y los impulsores del decreto pidieron medidas para que se aplique ya en los juzgados. Esto fue después de que una juez parase un desahucio de todo un bloque ocupado en Barcelona. Este juez se amparó en el decreto, y unos días después rectificase alegando que la norma no tiene validez procesal. Pero a día de hoy no hay nada aún cerrado.
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