El pasado 4 de abril, el Gobierno presentó los Presupuestos Generales del Estado para 2017. La partida destinada a la política de vivienda asciende este año a casi 467 millones de euros, lo que representa un 20,6 % menos que el año pasado, cuando supuso el 0,2 % del total y llegó a 587 millones de euros.
Datos negativos para el sector inmobiliario, que este año ha sufrido una bajada que afectará tanto a agencias inmobiliarias como a particulares. Estas cifras recalcan que el Gobierno sigue dejando de lado un año más el fomento de la edificación y del acceso a la vivienda. Lejos quedan los más de mil millones de euros que el Estado dedicaba a este sector que durante muchos años ha sido uno de los principales motores del país.
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Una profundización en las cifras
Más del 95 % de los presupuestos destinados al sector inmobiliario corresponde a créditos asignados al programa de promoción, administración, ayudas a la rehabilitación y acceso a la vivienda, entre los cuales se incluyen los destinados a la ejecución de los planes estatales de vivienda.
La promoción de la vivienda en alquiler es uno de los ejes centrales, con el fin de movilizar el uso de viviendas vacías e incidir tanto en la oferta como en la demanda, así como para facilitar su acceso a personas con una renta baja o nula.
La ayuda a los jóvenes es otro de los puntos clave de esta dotación, con un total de 2 millones de euros destinados a ayudar a los menores de 30 años que hayan solicitado la renta básica de emancipación antes del 31 de diciembre de 2011. Esta dotación fue derogada desde el 1 de enero de 2012 pero que se mantiene sólo para aquellos jóvenes que ya tenían reconocido el derecho.
Lo que no ha cambiado demasiado es que la vivienda sigue teniendo un papel fundamental en lo que al impuesto de la renta se refiere y las deducciones por compra o alquiler de vivienda habitual. El Gobierno ha tenido que pagar miles de millones a los contribuyentes que compren o alquilen una vivienda, a pesar de que en estos presupuestos se han visto reducidas. La deducción por inversión en vivienda habitual, suprimida en 2013, y el alquiler también de vivienda habitual, suprimido en 2014, se encuentran en un régimen transitorio hasta su total eliminación.
Así pues, a pesar de todas estas acciones explicadas anteriormente, se puede considerar que en los presupuestos generales no ha habido una gran apuesta por el suelo ni por lo que el sector inmobiliario, en contraste con los presupuestos años anteriores. Sin embargo, sí parece defenderse la idea de que todo el mundo debería disfrutar de una vivienda digna. En cualquier caso, las prestaciones sociales y pensiones son las partidas más importantes de las cuentas aprobadas por el Congreso, que, este año, ha destinado más de 443 millones de euros.
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